DAÑOS Y PERJUICIOS. EJECUCIÓN PRENDARIA. SECUESTRO de rodado. Posterior cancelación de la prenda. Demora en la restitución. Daños sufridos por el adquirente por boleto de compraventa.

25.796/06 - "Gamietea Daniel Domingo c/Fiat Crédito Argentina S.A. s/ ordinario" - CNCOM - SALA E - 15/09/2011

DAÑOS Y PERJUICIOS. EJECUCIÓN PRENDARIA. SECUESTRO de rodado. Posterior cancelación de la prenda. Demora en la restitución. Daños sufridos por el adquirente por boleto de compraventa. RESPONSABILIDAD DEL ACREEDOR PRENDARIO. Culpa. CONTRATO DE PRENDA. Pago. Cancelación de la garantía. Efectos. Deber de restitución del rodado secuestrado. INDEMNIZACIONES. Lucro cesante y reintegro de los gastos por honorarios profesionales. Rechazo. Privación de uso. Daño moral. Procedencia

"La prenda es un contrato real de garantía accesorio de un crédito válido que mantiene su existencia mientras no se extinga la obligación que le dio la causa. Cancelado el préstamo que la sustenta, culminó la prenda y, por ende, desde allí nació la obligación de retornar el bien."

"El deber de restitución, o si se quiere, la adopción de las medidas adecuadas para que la misma se materialice, principió desde que se pagó la acreencia garantida; y, no habiendo la demandada obrado en tal sentido, resulta entonces forzoso concluir que su obrar resultó culposo."

"...la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar; consistiendo la antijuridicidad en tal obrar, en no haber el deudor tomado a su cargo todos los recaudo pertinentes para cumplir con sus obligaciones y evitar ocasionar daños a los demás (arts. 1109 y 1068 del Código Civil)."

"Al incurrir en una demora injustificada, el requirente abusó del derecho que la ley le otorgó para obtener la medida cautelar, por lo que debe resarcir los daños que causó."

"Tratándose el lucro cesante de un daño cierto, sólo puede ser reconocido cuando su existencia y cuantía se acredita mediante prueba directa."

"Los estipendios de un letrado por su actuación en procesos judiciales, deben ser regulados y percibidos en los expedientes en que se devengaron y abonados por la parte que resultó condenada en costas."

"Si bien el interesado calificó jurídicamente el reclamo como desvalorización del rodado, el juez, en uso del principio iura novit curia, puede "... prescindir de las normas invocadas por las partes y suplir las omisiones de fundamentación jurídica en que aquéllas hubiesen incurrido ...", siendo indiferente la designación técnica que le hayan asignado a la situación de hecho descripta como fundamento de la pretensión."

"Siendo el caso asimilable a la noción de lo que se denomina "privación de uso", allí se debe encuadrarlo. En este supuesto no se requiere prueba directa, toda vez que la sola privación de uso de un vehículo, representa para su dueño un perjuicio indemnizable."

"Tratándose de un supuesto de responsabilidad extracontractual, cabe aplicar la doctrina elaborada en torno al art. 1078 del Cód. Civil -norma a la que remite el citado art. 1109 al final del primer párrafo- según la cual, la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir la existencia de la lesión de los sentimientos del damnificado. Salvo, claro está, que el demandado destruya la presunción mediante prueba en contrario."

FALLO COMPLETO:

25.796/06 - "Gamietea Daniel Domingo c/Fiat Crédito Argentina S.A. s/ ordinario" - CNCOM - SALA E - 15/09/2011


En Buenos Aires, a los 15 días del mes de septiembre de dos mil once reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por: "GAMIETEA DANIEL DOMINGO C/ FIAT CRÉDITO ARGENTINA S.A. S/ ORDINARIO", en los que según el sorteo practicado votan sucesivamente los jueces Bindo B. Caviglione Fraga, Ángel O. Sala y Miguel F. Bargalló. El doctor Caviglione Fraga no interviene por haber renunciado y ser aceptada su renuncia (Decreto P.E.N.1110/11, B.O. 27/07/11)). En consecuencia, de conformidad con el orden de votación que resulta del sorteo efectuado con anterioridad a la aceptación de tal renuncia, el primer voto lo pronuncia el vocal designado en segundo término.//-

Estudiados los autos, la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 536/540?

El Señor Juez de Cámara Doctor Sala dice:

I- La sentencia de fs. 536/540 hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Daniel Domingo Gamietea contra Fiat Crédito Argentina S.A. por los daños y perjuicios padecidos por la demora en la restitución de un rodado que había sido secuestrado en el marco de un proceso de ejecución prendaria promovido por la demandada y, en consecuencia, condenó a esta última a abonar al actor la suma de $38.000, con más intereses y costas.-
Para resolver en el sentido indicado, el Magistrado a quo, destacó que no () se encontraba controvertido que el accionante compró un automotor a un tercero que se encontraba prendado a favor de la demandada, por lo que esta última -cuando el rodado se encontraba en poder del actor- obtuvo su secuestro a través de un proceso de ejecución prendaria. Agregó, que posteriormente la prenda se canceló y el vehículo fue restituido al accionante. Incumbía establecer si Fiat Crédito Argentina S.A. incurrió en una demora injustificada en la devolución del automotor y si, eventualmente, esta situación le provocó a Daniel Gamietea los daños que individualizó en su demanda.-
En este marco, analizó la excepción de falta de acción deducida por Fiat Crédito Argentina. Al respecto, consideró que si bien no hubo relación contractual, el actor fundamentó su pretensión en los perjuicios que padeció como consecuencia de la demora injustificada de la demandada en la restitución de un rodado que había sido prendado por un tercero, por lo que se trataba de un supuesto de responsabilidad extracontractual.-
Destacó que de las actuaciones "Fiat Crédito Argentina S.A. c/ Ruiz Julio Ricardo y otro s/ ejecución prendaria", surgía que la demandada -el 7 de octubre de 2004- denunció el pago del crédito que garantizaba la prenda, por lo que a partir de ese momento nació su deber de restituir el rodado. Advirtió que Fiat Crédito Argentina no desvirtuó la versión del actor relativa a que al momento de proceder al secuestro del automóvil carecía de derecho para proceder de ese modo. Finalmente, consideró que el accionado no cumplió con la intimación de acompañar toda la documentación en su poder, lo que constituía una presunción en su contra.-
En cuanto la indemnización pretendida en concepto de privación de ganancias, sostuvo que a partir de las declaraciones de los testigos, se podía tener por acreditado que el rodado era utilizado por Daniel Gamietea como remise, por lo que -en uso de las facultades concedidas por el art. 165 del Código Procesal- la fijó en la suma de $14.000.-
Asimismo, juzgó procedente la entrega al demandante de la cantidad de $5.000 que debió abonar a la letrada S. V. M. por su actuación en los autos: "Fiat Crédito Argentina S.A. c/ Ruiz Julio Ricardo y otro s/ ejecución prendaria", "Gamietea Daniel D. s/ tercería de dominio" y "Gamietea Daniel D. s/ diligencia preliminar". En lo relativo al resarcimiento pretendido por las reparaciones que debió efectuar al automóvil luego de su restitución, lo rechazó con fundamento en que se lo pretendió acreditar mediante una factura de un taller mecánico, que a pesar de ser desconocida por la demandada, no se ofreció ningún medio de prueba a fin de demostrar su autenticidad.-
En lo concerniente al reclamo por desvalorización del rodado, evaluó que se encontraba probado que el acreedor prendario lo recibió en buen estado, por lo que fue carga suya desvirtuar que los daños que presentaba al tiempo de su entrega ya existían cuando se realizó el secuestro. Admitió así, el rubro por el importe de $4.000. Presumió la existencia del daño moral dado que cuando los padecimientos alegados por el reclamante resultaban una consecuencia lógica del hecho ilegítimo, por lo que lo fijó en la cantidad de $15.000.-

II- Apelaron ambas partes. El actor expresó agravios en fs. 559/560, los que fueron contestados por la demandada en fs. 574/578. Por su parte, esta última lo hizo en fs. 564/572, los que fueron replicados por Daniel Domingo Gamietea en fs. 580/585.-
Sostiene Fiat Crédito Argentina S.A. que no hubo ningún incumplimiento de su parte. Al momento en que se produjo el secuestro del rodado, en el marco de las actuaciones "Fiat Crédito Argentina S.A. c/ Ruiz Julio Ricardo y otro s/ ejecución prendaria", la prenda se encontraba vigente y el crédito vencido e impago. Agrega, que el actor no habría sido un adquirente de buena fe y que en virtud de lo dispuesto por el art. 9 del decreto-ley 15348/46 era solidariamente responsable -junto con el anterior titular- del pago de la deuda.-
Imputa que el veredicto en revisión confunde la solicitud de la cancelación de la prenda que efectuó en la ejecución prendaria, con el eventual derecho del actor a la tenencia o dominio del rodado. Aduce que de modo inmediato a estar ordenada la restitución del automotor como medida cautelar y de diligenciarse el mandamiento procedió a cumplirlo. Añade, que de su pedido de cancelación del gravamen prendario no podían inferirse los derechos que el actor supuestamente tenía sobre el vehículo o que debía restituírselo cuando no existía una decisión judicial que lo ordenase.-
Se agravia porque el a quo aplicó una presunción en su contra por no haber acompañado toda la prueba que se encontraba en su poder. Destaca que agregó toda la documentación que tenía y que no existió ningún recibo cancelatorio de la obligación. Adiciona que la pericia contable evidencia que la deuda que se garantizó con la prenda permanece impaga. Su solicitud de cancelación de la prenda se fundó en que consideró al crédito como irrecuperable a los fines de evitar los costos que le insumía seguir adelante con los procesos en trámite.-
Cuestiona que se haya estimado procedente al rubro lucro cesante. Refiere que el a quo sólo ponderó al efecto declaraciones testimoniales, cuando debió haber probado la actividad como remise mediante la licencia correspondiente. Objeta la condena al pago que debió efectuar el pretensor a su letrada por los honorarios correspondientes a los expedientes ofrecidos como prueba informativa. Argumenta que promovió la ejecución prendaria -donde se secuestró el rodado- en virtud de que la deuda garantizada se encontraba impaga y que si el actor intervino en el proceso no fue por su responsabilidad sino porque no solicitó los informes correspondientes antes de adquirir el automotor.-
Con respecto a la indemnización fijada en concepto de desvalorización del rodado, sostiene que -a diferencia de los fundamentos utilizados por el a quo- el actor no alegó que el automóvil hubiese estado chocado, sino que pidió la desvalorización por haber estado inmovilizado y a la intemperie. Postula que del mandamiento de secuestro surge que el vehículo se encontraba en "buen estado pero con detalles propios de su uso recordándose que se trataba de un modelo 1998", y que el acta de restitución no hace referencia a que se hubiera encontrado chocado o en malas condiciones de mantenimiento.-
Finalmente, se queja por la admisión del daño moral, al no estar comprobado.-
Por su parte, el actor objeta la elevación de la indemnización en concepto de daño moral.-

III- Se encuentra acreditado que Julio Ricardo Ruiz y María Alejandra Lucena celebraron el 27 de marzo de 1998 un contrato de prenda con registro con Fiat Crédito Argentina S.A. sobre un rodado marca Fiat, modelo Siena en garantía de un crédito por la suma de U$S 35.531,39 (v. fs. 456/458 y fs. 6/7 de las actuaciones "Fiat Crédito Argentina S.A. c/ Ruiz Julio Ricardo y otro s/ ejecución prendaria" que en esta acto se tiene a la vista ad effectum videndi). Ante el incumplimiento del referido contrato, el 9 de febrero de 1999 el aquí demandado promovió ejecución prendaria contra Ruíz y Lucena, en la que se ordenó el embargo y secuestro del rodado, lográndose concretar esta última medida el 19 de marzo de 2004 (v. fs. 28 y 72 de la ejecución prendaria).-
En la misma causa, el 7 de octubre de 2004, Fiat Crédito Argentina presentó un escrito en el que sostuvo haber percibido las sumas reclamadas, por lo que solicitó la cancelación del contrato prendario, la que fuera ordenada el 26 de julio de 2005 (fs. 78 y 91).-
Paralelamente, el 22 de marzo de 1999 Daniel Domingo Gamieta suscribió un boleto de compraventa con Luis Bianconi, por el que entregó $13.200 en concepto de pago del precio por la compra del vehículo referido precedentemente, en el documento se pactó que el vendedor se encargaría de la transferencia y del cambio de radicación del rodado (v. 52 del expediente "Gamietea Domingo s/ terceria de dominio en autos: Fiat Crédito Argentina S.A. c/ Ruiz Julio s/ ejecución prendaria").-
En este marco, ante el secuestro del rodado que se encontraba en poder del actor -tal como fuera ordenado en la ejecución prendaria-, el 29 de junio de 2004 Gamietea promovió interdicto de recobrar posesión. En ese expediente, el 8 el marzo de 2005 se decidió -bajo responsabilidad de la parte actora y previa caución de la suma de $3.000- la restitución del automotor. Librado el correspondiente mandamiento, el 12 de mayo de 2005 el oficial de justicia informó que se constituyó en la dirección que se le indicó, donde le comunicaron que el bien no se encontraba allí, realizando la intimación correspondiente (v. fs. 19/20 y 34 vta. de las actuaciones "Gamietea Daniel Domingo c/ Fiat Crédito Argentina S.A. s/ diligencia preliminar" que en este acto se tienen a la vista ad effectum videndi).-

IV- Procede determinar en que momento nació el deber del demandado de restituir el rodado al actor.-
El 7 de octubre de 2004, en la ejecución prendaria que promovió, Fiat Crédito Argentina S.A. manifestó que percibió las sumas que reclamó, por lo que solicitó que se ordenara la cancelación del contrato prendario (v. fs. 78 y 86 de esos autos).-
La prenda es un contrato real de garantía accesorio de un crédito válido que mantiene su existencia mientras no se extinga la obligación que le dio la causa (cfr. Martorell Ernesto E. (director) "Tratado de Derecho Comercial" T. III, pág. 681, Ed. La Ley, 2010). Cancelado el préstamo que la sustenta, culminó la prenda y, por ende, desde allí nació la obligación de retornar el bien.-
La decisión judicial que dispuso la entrega del auto, en la causa "Gamietea Daniel Domingo c/ Fiat Crédito Argentina S.A. s/ diligencia preliminar", del 8 de marzo de 2005, no modifica la situación. El deber de restitución, o si se quiere, la adopción de las medidas adecuadas para que la misma se materialice, principió desde que se pagó la acreencia garantida;; y, no habiendo la demandada obrado en tal sentido, resulta entonces forzoso concluir que su obrar resultó culposo.-
Según lo preceptuado por los arts. 512 y 904 del Código Civil, la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar; consistiendo la antijuridicidad en tal obrar, en no haber el deudor tomado a su cargo todos los recaudo pertinentes para cumplir con sus obligaciones y evitar ocasionar daños a los demás (arts. 1109 y 1068 del Código Civil).-
Veáse que la medida cautelar fue decretada a pedido del acreedor (fs. 27/28 de la ejecución prendaria), de modo que, desaparecido el contexto que la determinó, las circunstancias exigían que el acreedor prendario obrara diligentemente y procurara la realización de los trámites idóneas para que el rodado fuera restituido al actor; o, cuanto menos, peticionara el levantamiento del secuestro (arg. art. 202 del Código Procesal); cosa que no alegó ni acreditó haber hecho.-
No resulta óbice de tal solución que el actor no fuera el titular registral. Entre otros argumentos destaco: a) al tiempo en que el demandado informó la cancelación de la deuda, conocía el boleto de compraventa por el que el actor adquirió el rodado, b) ninguna otra persona invocaba su propiedad, c) en el expediente "Gamietea Domingo D. s/ tercería de dominio en autos: Fiat Crédito Arg. S.A. c/ Ruiz Julio s/ ejecución prendaria" se había reconocido la verosimilitud del derecho invocado por el reclamante (v. fs. 213 de esas actuaciones), y d) en el momento en que efectuó el secuestro el auto se encontraba en posesión de Daniel D. Gamietea (fs. 72 de de los autos "Fiat Crédito Argentina S.A. c/ Ruiz Julio Ricardo s/ ejecución prendaria). Hecho dirimente para indicar que era al mismo sujeto a quien debía reponerse el bien en tanto no existían constancias que indicaran que había mutado su status jurídico. A todo evento si alguna duda hubiera tenido el accionado debió plantearla al Tribunal.-
En síntesis, la empresa debía restituir el vehículo el 7 de octubre de 2004 y según la prueba pericial contable -que no fuera impugnada por las partes- recién lo hizo el 16 de mayo de 2005 (fs. 246). Al incurrir en una demora injustificada de alrededor de 7 meses, el requirente abusó del derecho que la ley le otorgó para obtener la medida cautelar, por lo que debe resarcir los daños que causó (arg. art. 208 del Código Procesal).-
Lo manifestado por Fiat Crédito Argentina S.A. en su expresión de agravios, relativo a que el crédito en cuya garantía se constituyó la prenda no había sido saldado, es materia que no fue introducida en primera instancia, lo cual obsta a su estimación en esta (art. 277 del Código Procesal). No soslaya que Fiat Crédito S.A. presentó un escrito reconociendo expresamente haber percibido las sumas correspondientes al crédito garantizado con la constitución de la prenda sobre el rodado (v. fs. 78 y 86 de la ejecución prendaria), y que entre los puntos de la pericia que planteó en su contestación de demanda, en vez de solicitar que el experto informe si se pagó el préstamo, requirió que: "informe la fecha en que el crédito fue cancelado" (v. fs. 12). Tales incoherencias hacen descalificable el comportamiento del demandado y permiten encuadrarlo en llamada "doctrina de los actos propios" en virtud de la cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.-
La afirmación que el actor sería un comprador de mala fe, es inatendible dado la falta de medidas convictitas que la respalden.-
Por lo expuesto, este capítulo del recurso no progresará.-

V- Pende tratar los agravios del demandado atinentes a la procedencia de los rubros indemnizatorios y los de ambas partes respecto de su quantum.-
a) Lucro Cesante
Se requería para su admisión la comprobación de la afectación del vehículo a un uso comercial, para resarcir al afectado en la falta de ganancia que habría podido razonablemente obtener si no hubiera visto privado del rodado. El lucro cesante no se presume, por lo que corre a cargo de quien lo reclama su prueba (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil comentado, anotado y concordado", t. II, pág. 720, ed. Astrea 1987). Tratándose de un daño cierto, sólo puede ser reconocido cuando su existencia y cuantía se acredita mediante prueba directa (López Mesa-Trigo Represas, "Tratado de Derecho Civil-Cuantificación del daño", Ed. La Ley, 2006, p. 77 y ss.).-
El actor pretendió demostrar la explotación como remise únicamente mediante declaraciones testimoniales. Aprecio que dichas manifestaciones carecen de entidad suficiente para acceder a la indemnización impetrada. El pretensor disponía al efecto de múltiples posibilidades: acompañar la habilitación para que el vehículo operase como remise, expedida por el organismo que correspondiese; demostrar que su licencia de conducir lo autorizaba a manejar vehículos de transportes de pasajeros; anexar la póliza de seguro obligatorio con la referencia en cuestión; o solicitar un informe a la remisería para la que supuestamente trabajaba. Mas no recurrió a ninguna de ellas.-
Por ello, toda vez que incumbía al reclamante acreditar concretamente el lucro cesante invocado (art. 377 CPr.) y que el valor probatorio de los testimonios obrantes en autos son insuficientes para persuadir sobre su procedencia (art. 456 del Código Procesal), es mi parecer que procede modificar este aspecto del fallo.-

b) Honorarios profesionales

El primer absolvente hizo lugar al reclamo con fundamento en un recibo -acompañado por el actor- y extendido a su nombre por la doctora S. V. M. por la suma de $5.000, en concepto de "honorarios profesionales por su actuación en autos: Fiat Argentina S.A. c/ Ruiz Julio s/ ejecución prendaria; Gamietea Daniel D. s/ tercería de dominio y Gamietea Daniel Domingo c/ Fiat Crédito Argentina S.A. s/ diligencia preliminar" (fs. 4).-
Los estipendios de un letrado por su actuación en procesos judiciales, deben ser regulados y percibidos en los expedientes en que se devengaron y abonados por la parte que resultó condenada en costas (Ley 21.839 de Regulación de Honorarios Profesionales y arts. 68 y 69 del Código Procesal).-
Ello, sin perjuicio de que en las actuaciones "Gamietea Daniel Domingo c/ Fiat Crédito Argentina S.A. s/ diligencia preliminar" y "Gamietea Domingo S. s/ tercería de dominio en autos Fiat Argentina S.A. c/ Ruiz Julio s/ ejecución prendaria" las costas fueron impuestas en el orden causado, por lo que el pago de los emolumentos no recaería únicamente sobre el demandado. Asimismo, en el expediente "Fiat Crédito Argentina S.A. c/ Ruiz Julio Ricardo y otro s/ ejecución prendaria" el aquí actor no intervino como parte y las costas fueron impuestas a los ejecutados vencidos.-
Procede pues estimar este capítulo de la apelación.-

c) Desvalorización del rodado
El demandante solicitó la suma de $4.000, no habiendo ofrecido ningún medio convictivo tendiente a probarlo.-
Si bien el interesado calificó jurídicamente el reclamo como desvalorización del rodado, el juez, en uso del principio iura novit curia, puede "... prescindir de las normas invocadas por las partes y suplir las omisiones de fundamentación jurídica en que aquéllas hubiesen incurrido ...", siendo indiferente la designación técnica que le hayan asignado a la situación de hecho descripta como fundamento de la pretensión (Lino E. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. I, Ed. Abeledo Perrot, pág. 389 y 416).-
Siendo el caso asimilable a la noción de lo que se denomina "privación de uso", allí se debe encuadrarlo.-
En este supuesto no se requiere prueba directa, toda vez que la sola privación de uso de un vehículo, representa para su dueño un perjuicio indemnizable (CNCom., esta Sala "Romano, Ángel Augusto C/ Provincia Seguros S.A." del 02.09.10 y jurisp. allí cit.) Este se configura por la indisponibilidad, pues se presume que quien tiene en uso el vehículo, lo hace para cubrir exigencias propias de la vida cotidiana, lo cual despeja la idea de que el daño resulte una mera conjetura o una simple eventualidad.-
Como contrapartida, esa privación ciertamente significa ahorro (combustibles, mantenimiento, taller, etc.), y su importe debe ser deducido de la reparación otorgable por aplicación del principio compensatio lucri cum damno, para no convertir la reparación en una causa inadecuada de lucro a favor del damnificado (CNCom., esta Sala "Deleo, Emiliano I. c/ Renault Argentina S.A. y otro", del 05.11.08; ibidem. "Kitzmann Susana Mabel C/ La Perseverancia Seguros S.A." del 23.04.10).-
Por ello, valorando la extensión temporal de la indisponibilidad y en uso de las facultades previstas en el art. 165 del Código Procesal, reduciré el quantum del rubro a la suma de $3.000.-

d) Daño moral
Fue fijado por el Magistrado a quo en la cantidad de $15.000, y concitó agravio de las partes.-
Tratándose de un supuesto de responsabilidad extracontracutal, cabe aplicar la doctrina elaborada en torno al art. 1078 del Cód. Civil -norma a la que remite el citado art. 1109 al final del primer párrafo-, según la cual, la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir la existencia de la lesión de los sentimientos del damnificado. Salvo, claro está, que el demandado destruya la presunción mediante prueba en contrario (v. Llambías, "Código Civil Anotado", t. II-B, ed. 1992, págs. 328/329, pto. 7; CNCom, esta Sala "Macri Nicolás c/ Banco Río de la Plata S.A.", 20-12-05); lo que no ha ocurrido en la especie.-
En el sub examine, el daño moral puede ser inferido razonablemente de las circunstancias del caso, toda vez que a pesar de que Fiat Crédito Argentina había reconocido la percepción del crédito en cuya garantía se celebró el contrato de prenda (fs. 78 y 86 de la ejecución prendaria), al actor no se le restituyó el vehículo y tuvo que efectuar sendas presentaciones en las actuaciones "Fiat Crédito Argentina S.A. c/ Ruiz Julio Ricardo y otro s/ ejecución prendaria" (fs. 92/95), "Gamietea Domingo S. s/ tercería de dominio en autos Fiat Argentina S.A. c/ Ruiz Julio s/ ejecución prendaria" (fs. 231/233) y "Gamietea Daniel Domingo c/ Fiat Crédito Argentina S.A. s/ diligencia preliminar" agregándose en este último proceso que debió depositar por caución para la restitución del rodado la suma de $3.000. Las circunstancias expuestas no pueden sino haber alterado la tranquilidad de espíritu del actor generándole angustias, temores y zozobras que merecen ser indemnizados.-
Sin perjuicio de lo expuesto, se aprecia excesivo el quantum fijado en la sentencia de primera instancia. Es que, desde que nació el deber de restituir el rodado hasta su efectiva devolución pasaron alrededor de siete meses y no catorce como alegó el demandante. Asimismo, el actor al fundar la procedencia del rubro alegó que se había frustrado el único ingreso económico de su hogar y que debió concurrir a terceras personas para solventar gastos básicos, circunstancias que no fueron acreditadas.-
Por ello, es mi parecer reducir la indemnización por daño moral a la suma de $12.000 (CPr., 165).-

VI- Por todo lo expuesto, propongo modificar el decisorio recurrido y, por consiguiente:
1. Rechazar: a) la indemnización solicitada por el actor en concepto de lucro cesante y b) el reintegro de los gastos por honorarios profesionales;
2. Reducir: a) el rubro desvalorización del rodado -encuadrado como privación de uso- a la suma $3.000 y b) la indemnización por daño moral a la cantidad de $12.000.-

3. Costas de alzada en el orden causado en virtud de los vencimientos parciales y mutuos (cfr. art. 71 del C.P.C.C.).-

El Señor Juez de Cámara Doctor Miguel F. Bargalló dice:

Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.-

Fdo.: Miguel F. Bargalló y Ángel O. Sala
Ante mí: Sebastián Sánchez Cannavó, Secretario de Cámara

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011.-

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: modificar el decisorio recurrido y, por consiguiente:
1. Rechazar: a) la indemnización solicitada por el actor en concepto de lucro cesante y b) el reintegro de los gastos por honorarios profesionales;;
2. Reducir: a) el rubro desvalorización del rodado -encuadrado como privación de uso- a la suma $3.000 y b) la indemnización por daño moral a la cantidad de $12.000.-
3. Costas de alzada en el orden causado en virtud de los vencimientos parciales y mutuos (cfr. art. 71 del C.P.C.C.).-

El doctor Caviglione Fraga no interviene por haber renunciado y ser aceptada su renuncia (Decreto P.E.N. 1110/11, B.O. 27/07/11).-

Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por Secretaría.//-

Fdo.: MIGUEL F. BARGALLO - ÁNGEL O. SALA
SEBASTIÁN SÁNCHEZ CANNAVÓ: Secretario de Cámara